Detrás del error parlamentario y colectivo con el que el PP resume la crisis interna que vive desde hace días, cuando se dio cuenta de que había respaldado una reforma legal impulsada por el Gobierno que permitirá rebajas de penas a presos de ETA, hay una fuerte discusión jurídica que no se ha resuelto. El partido decidió asumir ese enorme fallo -que ha provocado un terremoto interno- como la tesis oficial, teniendo en cuenta que en pocos meses podrá haber un listado de etarras que salen a la calle o ven sensiblemente rebajada su condena por la transposición de una normativa europea que todos los partidos apoyaron. Y que derogaba, precisamente, una excepción que el Gobierno de Rajoy aprobó en 2014 para evitar esta situación.

La discusión interna en el PP ha sido intensa desde que se dio cuenta del error parlamentario. Algunos miembros del partido han cuestionado la decisión de respaldar la reforma legal, argumentando que no se había analizado suficientemente las posibles consecuencias. Otros, en cambio, defienden la decisión, señalando que la normativa europea es clara y que no hay forma de evitar la aplicación de la misma.

El PP ha intentado minimizar el impacto del error, argumentando que la mayoría de los partidos políticos apoyaron la reforma legal y que, por lo tanto, no es una situación exclusiva del partido. Sin embargo, la oposición ya ha comenzado a presionar al PP para que explique su postura y por qué no se opuso a la reforma legal en un primer momento.

La situación es especialmente delicada para el PP, ya que la cuestión de la aplicación de la normativa europea a los presos de ETA es un tema muy sensible en la opinión pública española. El partido ha intentado mantener una postura firme en este sentido, pero el error parlamentario ha generado dudas y críticas entre los votantes.