La orden gubernamental había generado un gran debate y controversia en la sociedad canaria, ya que muchos consideraban que esta medida era injusta y discriminatoria hacia los menores migrantes. Los defensores de los derechos humanos argumentaban que esta medida violaba el derecho a la protección de la infancia y la adolescencia, y que no se estaba cumpliendo con la obligación de garantizar la atención y el cuidado adecuados a estos niños y niñas.
La suspensión de la orden gubernamental por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha sido vista como una victoria para los defensores de los derechos humanos y para las organizaciones que trabajan en favor de la protección y el cuidado de los menores migrantes. Sin embargo, el caso no ha terminado todavía, ya que el tribunal debe seguir revisando la constitucionalidad de la medida y tomar una decisión final.
La situación de los menores migrantes en Canarias es compleja y sensible, y requiere una solución que garantice su protección y cuidado adecuados. Es fundamental que las autoridades competentes tomen medidas para asegurar que se respeten los derechos humanos de estos niños y niñas, y que se les proporcione la atención y el apoyo necesario para que puedan desarrollarse de manera saludable y segura.