El comisionista del caso de las mascarillas, Víctor de Aldama, ha enviado un escrito dirigido al juez que le investiga por un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos, Santiago Pedraz, en el que asegura que tras un primer análisis del contenido de su teléfono, en el que asegura haber obtenido "datos relevantes", considera necesario que le faciliten "los terminales de los iPhone incautados para poder realizar nuevos volcados".
Y hace esta petición, explica el escrito, "al haber apreciado, según informe de perito forense, que algunas de las contestaciones de whatsapp de miembros del Gobierno (no sucede lo mismo con otros interlocutores) aparecen con un mensaje de 'el código de seguridad ha cambiado' que impiden acceder a su contenido, lo que se solicitará oportunamente al Juzgado".
Este desarrollo en el caso de las mascarillas y el presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos plantea nuevas preguntas sobre la posible participación de miembros del gobierno en actividades sospechosas y sobre la transparencia en la gestión de asuntos públicos.
Es importante destacar que la investigación está en curso y que los involucrados tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la incapacidad de acceder a conversaciones potencialmente relevantes debido a problemas técnicos puede generar especulaciones y suspicacias.
El caso ha generado un gran interés público, ya que involucra tanto a figuras políticas como a empresarios y cuestiones de gran relevancia para la ciudadanía, como la gestión de la crisis sanitaria y la transparencia en la recaudación de impuestos.
Según fuentes cercanas a la investigación, el objetivo es esclarecer todos los hechos y circunstancias relacionados con el presunto fraude y las conversaciones que podrían estar afectadas por el problema técnico.
El juez Pedraz, conocido por su experiencia en casos complejos de corrupción y fraude, deberá evaluar cuidadosamente todas las pruebas y solicitudes presentadas para determinar el curso de la investigación y garantizar que se haga justicia.
La población sigue con atención el desarrollo de este caso, esperando que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas necesarias para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro.
Con el paso del tiempo y la continua investigación, es probable que se revelen más detalles sobre este caso y sobre las medidas que se están tomando para abordar los problemas técnicos que impiden el acceso a información potencialmente crucial.