La reforma al Poder Judicial en el estado de Sonora, impulsada por el Gobierno Federal, avanza en el Congreso estatal con un cambio radical en la forma en que se seleccionarán a los jueces, magistrados y ministros. Según la propuesta, estos cargos dejarán de ser nombrados a través de procesos internos y serán elegidos por el voto popular.
La medida busca incrementar la transparencia y la participación ciudadana en la selección de los encargados de administrar justicia en el estado. Esto significa que, en lugar de confiar en las recomendaciones de políticos o líderes jurídicos, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir directamente a las personas que tomarán decisiones que afectarán sus vidas y comunidades.
La reforma plantea varios beneficios, como aumentar la confianza en el sistema judicial y reducir la influencia política en la toma de decisiones judiciales. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre la capacidad de los votantes para evaluar adecuadamente las cualificaciones y habilidades de los candidatos, y sobre la posible influencia de factores como la propaganda y el dinero en las campañas electorales.
Los defensores de la reforma argumentan que la participación ciudadana es fundamental para garantizar la legitimidad y la independencia del Poder Judicial, y que la elección popular es la mejor forma de asegurar que los jueces y magistrados sean responsables ante la comunidad. A medida que la propuesta avanza en el Congreso, es probable que se generen debates y discusiones en torno a la implementación y las posibles consecuencias de este cambio radical en el sistema judicial de Sonora.