Todas las administraciones públicas tienen capacidades legales, pero son interdependientes las unas de las otras. Esto significa que, cuando se trata de decidir sobre cuestiones relacionadas con la vivienda, no hay una sola entidad que tenga el control total.
El Estado, las autonomías y los ayuntamientos tienen cada uno su propio papel y responsabilidades en materia de vivienda. El Estado establece las políticas generales y las leyes que rigen el mercado inmobiliario, mientras que las autonomías y los ayuntamientos tienen la capacidad de implementar y adaptar estas políticas a nivel local.
En el caso de las autonomías, tienen la responsabilidad de gestionar los fondos y los programas destinados a la vivienda, lo que les permite influir en la construcción de viviendas, la rehabilitación de edificios y la dotación de servicios públicos. Por otro lado, los ayuntamientos tienen un papel fundamental en la gestión del suelo urbano y la planificación urbanística, lo que les permite decidir sobre la ubicación y el tipo de viviendas que se construyen en su territorio.
La interdependencia entre estas administraciones se refleja en la necesidad de coordinación y cooperación para abordar los desafíos relacionados con la vivienda. Por ejemplo, la creación de programas de vivienda asequible requiere la colaboración entre el Estado, las autonomías y los ayuntamientos para asegurarse de que se están destinando los recursos necesarios y se están cumpliendo los objetivos establecidos.
En resumen, la gestión de la vivienda es un tema complejo que requiere la participación y la cooperación de todas las administraciones públicas. Aunque cada una tiene su propio papel y responsabilidades, la interdependencia entre ellas es fundamental para abordar los desafíos relacionados con la vivienda y asegurarse de que se están cumpliendo los objetivos establecidos.