La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que ha generado un gran impacto en la comunidad de extranjeros que desean adquirir la nacionalidad española. Según la sentencia, la extensión del requisito de buena conducta cívica hasta el momento de la inscripción de la nacionalidad española adquirida en el Registro Civil, una vez que esta ya ha sido concedida, es ilegal.
Este requisito, que había sido establecido por la Administración, obligaba a los extranjeros a demostrar buena conducta cívica no solo durante el procedimiento administrativo de adquisición de la nacionalidad, sino también después de que esta había sido concedida. Sin embargo, la Sala del Tribunal Supremo ha determinado que esta extensión es ilegal y vulnera los derechos de los extranjeros que han cumplido con los requisitos establecidos para adquirir la nacionalidad española.
La sentencia del Tribunal Supremo tiene implicaciones importantes para los extranjeros que han sido afectados por esta medida. En primer lugar, aquellos que han visto rechazadas sus solicitudes de inscripción en el Registro Civil debido a la falta de cumplimiento del requisito de buena conducta cívica después de la concesión de la nacionalidad pueden ahora presentar una nueva solicitud. En segundo lugar, la sentencia puede establecer un precedente importante para futuros casos relacionados con la adquisición de la nacionalidad española.
Es importante destacar que esta sentencia no significa que los extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española estén exentos de cumplir con las leyes y normas del país. Sin embargo, sí significa que la Administración no puede extender de manera ilegal los requisitos establecidos para la adquisición de la nacionalidad española.
En resumen, la sentencia del Tribunal Supremo es un gran avance para los derechos de los extranjeros que desean adquirir la nacionalidad española. Es importante que aquellos que han sido afectados por esta medida tomen las medidas necesarias para presentar una nueva solicitud de inscripción en el Registro Civil y para garantizar que sus derechos estén protegidos.
Llamamos a la Administración a que revise sus políticas y procedimientos para garantizar que estén en línea con la sentencia del Tribunal Supremo y que no vulneren los derechos de los extranjeros que desean adquirir la nacionalidad española.